Una vez leído y releído el Auto del juez Baltasar Garzón Real, una no puede comprender cómo alguien bien nacido puede oponerse a que se investiguen los hechos y, sobre todo, se busquen y dignifiquen los restos de tantas miles de personas que todavía permanecen en las cunetas.
La Historia no ha juzgado nada, señor Rodríguez Zapatero. Durante décadas, los libros de texto presentaban a Franco y sus adláteres como héroes que habían salvado a España de las hordas rojas. Su retrato, hasta 1975, presidía las escuelas. Se pasó de adorarle a dejar caer sobre su figura un manto de silencio. O sea, de creerle un invicto caudillo a no saber absolutamente nada de él. Por otro lado estos hechos tan sangrantes y sanguinarios no deben dejarse ni a la Justicia de Dios y a la de la Historia. Sería una burla para los que fueron fusilados, torturados y encarcelados, como para los hijos y nietos que todavía viven.
Acudir, además, a la Ley de Amnistía de 1977 es otra burda patraña. ¿Quién hizo esa Ley? ¿Por qué nadie se opuso a ella? Ni fue la generosidad de los vencidos, ni la voluntad –buena o mala- de los artífices. Nadie dijo nada porque el miedo nos tenía a todos cogidos por el cuello. Recién muerto Franco, con una Poder Judicial fascista y franquista, un ejército que ya demostró de lo que era capaz cinco años después, y una extrema derecha apoyada por todos los poderes ¿había alguien con reaños para oponerse a la dichosa Ley? No olvidemos los obreros muertos en manifestaciones en 1976, ni la matanza de Atocha, ni la intentona de golpe de Estado de 1981.
El Auto del juez Garzón dice: “Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939, tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952”.
Efectivamente, si unos están dignamente enterrados, los otros también deben de estarlo, no olvidemos que los sublevados contra un gobierno salido de las urnas, fueron ellos. Aunque, curiosamente, los fascistas no lo veían así, veamos las órdenes de urgencia de la Junta de Gobierno de 1936:
“Quedan depuestos de sus cargos, el Presidente de la República, el Presidente del Gobierno y todos los Señores Ministros, con los Subsecretarios, Directores Generales y Gobernadores Civiles. Todos ellos serán detenidos y presos por los agentes de la Autoridad como autores de los delitos de lesa patria, usurpación de Poder y alta traición a España”.
El juego sucio y sangriento –que no la lucha en las trincheras- queda perfectamente expuesto en los párrafos que siguen, recogidos por el juez Garzón en el Auto.
“En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que de lugar el bando de Estado de Guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios”.
“Es necesario propagar una imagen de terror (…) Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”.
Pero el más execrable de todos los militares franquistas fue Queipo de Llano. Lástima que muriera tan pronto. Un asesino en toda regla, un psicópata integral. Porque a nadie con una moral medianamente humana se le hubiera ocurrido arengar de esta forma a los suyos:
“Yo os autorizo a matar, como a un perro, a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros: Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad.”
“¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré.”
“Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.”
“Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar.”
Muchos de los hijos y nietos de los asesinados durante 1936-1952 no se han atrevido todavía a leer estas palabras criminales. Es demasiado terrible saber que iban dirigidas a sus padres y abuelos, un sufrimiento añadido que no habrán querido tener que digerir.
El auto del juez Garzón sigue el razonamiento:
TERCERO.- “De lo dicho anteriormente y de los hechos que acontecieron posteriormente al 18 de Julio de 1936, se constata que el alzamiento o insurrección armada que se materializó en esa fecha, fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España, en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos Organismos de la Nación y ello, como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del territorio nacional, situación que continuó, en mayor o menor medida, durante los años siguientes, una vez concluyó la Guerra Civil, y cuya realidad pretende concretarse en esta investigación, así como los autores, en cada caso, con el fin de individualizar las conductas y los responsables de las mismas, y resolver sobre la extinción de su posible responsabilidad penal, de haber fallecido.
En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos, o cuando se ofrezca razón cierta sobre su paradero por parte de las autoridades públicas depositarias de esa información, decisión que deben tomar de oficio, sin necesidad de excitación de parte, al tener, en su caso, el control de esa información y por tratarse de delitos muy graves.
Quienes se alzaron o rebelaron contra el Gobierno legítimo y cometieron, por tanto, un delito contra la Constitución entonces vigente y contra los Altos Organismos de la Nación, indujeron y ordenaron las previas, simultáneas y posteriores matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas de los opositores políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos detenidos y, esa acción es precisamente la que determina que ahora se esté planteando la exigencia de responsabilidades en esta instancia”.
A esto no debe oponerse nadie. Lo han pedido al fiscal las víctimas. ¿Por qué no apoyan las víctimas de ETA a las otras? ¿Qué diferencia hay, si no es número de asesinados y torturados, multiplicado por miles?
Y que todavía haya que aguantar que Mayor Oreja defienda el franquismo.
